El funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales atraviesa una etapa de extrema tensión institucional a partir del informe elaborado por la vocalía por los activos que enumera quince puntos críticos en la cobertura sanitaria de los afiliados provinciales. El relevamiento detalla situaciones de extrema gravedad que afectan directamente la continuidad de tratamientos médicos complejos en distintos puntos de la provincia.

Entre las principales problemáticas señaladas figuran demoras de hasta once meses en la tramitación de derivaciones y trámites para pacientes oncológicos, así como faltantes de insumos esenciales como insulinas de las marcas Toujeo y Lantus. A esto se suman dificultades con la provisión de pañales a través de la empresa Pinzones, demoras de hasta cinco meses en la entrega de medicamentos biológicos para patologías como artritis reumatoidea y lupus, y la interrupción de esquemas terapéuticos reemplazados por corticoides para abaratar costos operativos.

El informe también advierte sobre restricciones severas en las derivaciones médicas hacia centros de mayor complejidad en Buenos Aires, donde la atención quedó limitada casi exclusivamente al Hospital Güemes tras la pérdida de convenios con instituciones de referencia como el Hospital Italiano, el Militar y el Garrahan. Esta situación derivó en una judicialización constante del sistema, acumulando 41 amparos judiciales en un lapso de 45 días por incumplimientos prestacionales, un escenario que pone bajo la lupa la inacción de los estrados judiciales ante las órdenes de pronto despacho no acatadas por el organismo.

La falta de atención se extiende a los afiliados del interior provincial, quienes padecen demoras en la llegada de médicos itinerantes, inconvenientes edilicios y operativos en las filiales locales, dificultades de cobertura en audífonos e implantes cocleares pendientes desde 2024, y el deterioro de los hoteles destinados a alojar a los pacientes derivados. Ante este panorama, la vocalía solicitó a las autoridades provinciales un informe estadístico detallado sobre la cantidad de afiliados aportantes, activos, pasivos, pacientes con tratamientos de alto costo y distribución demográfica para poder planificar la asistencia sanitaria.

Las críticas por el manejo de la obra social también alcanzaron al ámbito político y gremial. Desde el plano legislativo y sindical se cuestionó el silencio de los bloques legislativos y de las conducciones gremiales frente al ajuste prestacional, mientras se señaló que el presupuesto asignado a la Caja es administrado centralmente por el Ministerio de Economía provincial. Las demandas de regularización sanitaria continúan acumulándose mientras los afiliados exigen soluciones urgentes para garantizar la continuidad de prestaciones que no admiten demoras.