El secretario general de APEL y de la CTA Autónoma de Santa Cruz, David Catrihula, junto a la secretaria adjunta del gremio, Laila Gironi, denunciaron un marcado hostigamiento institucional y el bloqueo sistemático de las negociaciones paritarias por parte de la conducción de la Cámara de Diputados que encabeza el vicegobernador Fabián Leguizamón. Durante su participación en el ciclo emitido por Radio News, los dirigentes advirtieron que la actual gestión provincial intenta imponer condiciones que vulneran los derechos de los trabajadores legislativos.

Los representantes gremiales señalaron que, a seis meses de asumir la nueva conducción electa con un respaldo superior al noventa por ciento del padrón, solo se concretó una reunión paritaria en todo el año, la cual calificaron como un atropello que no ofreció respuestas a la recomposición salarial solicitada, ubicada un 5,8% por debajo del IPC. Asimismo, cuestionaron el uso de exposiciones policiales y artimañas administrativas para intentar apartar a la conducción legítima de los espacios formales de discusión.

La dirigencia advirtió sobre el crecimiento exponencial de la estructura política dentro del poder legislativo, detallando un incremento sustancial en direcciones, subdirecciones y departamentos, además de la habilitación de nuevas dependencias administrativas. Sostuvieron que esta expansión burocrática contrasta fuertemente con la crisis económica y social que atraviesan los empleados, quienes enfrentan dificultades para afrontar el costo de vida, el pago de servicios y los compromisos financieros.

Ante este escenario de tensión y la negativa a responder los requerimientos formales presentados por el sindicato, APEL recurrió a la Justicia federal y tramita acciones de amparo gremial para garantizar la estabilidad, la obra social y las representaciones sindicales de los trabajadores frente a lo que calificaron como una política de disciplinamiento.

Desde el gremio confirmaron que mantendrán las medidas orgánicas definidas en asamblea y continuarán a la espera de definiciones judiciales sobre los recursos interpuestos, mientras evalúan los pasos a seguir ante la persistencia de la falta de canales de diálogo formales con la presidencia de la Cámara de Diputados.