El ministro Luis Caputo anunció este martes en la Conferencia Industrial la suspensión de embargos de la ARCA a pymes hasta mayo de 2027 e iniciativas de compensación fiscal aduanera.

La decisión busca otorgar oxígeno financiero a las pequeñas y medianas empresas ante las dificultades de liquidez que atraviesa el sector productivo. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) congelará las ejecuciones y ampliará el margen de regularización de obligaciones tributarias.

La medida se complementa con la prórroga de los planes de facilidades de pago de hasta 18 cuotas. En lugar de considerar únicamente las deudas caducadas al 30 de junio, el esquema abarcará aquellas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. Según reconocieron las autoridades económicas, el costo del financiamiento privado representa un obstáculo de resolución compleja a corto plazo.

Para resolver la demora institucional en los procesos de devolución de reintegros —que insumen actualmente entre seis y nueve meses—, el Palacio de Hacienda autorizó el uso de créditos fiscales. Las pymes podrán destinar el 100% de los saldos a favor por exportaciones o IVA exportador para saldar deudas aduaneras directas. Las grandes firmas accederán a un porcentaje inicial progresivo hasta la cancelación total del régimen actual.

El Ejecutivo impulsará la eliminación del impuesto a los sellos en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un gravamen que representa entre el 0,4% y el 0,5% del PBI. Para las jurisdicciones adheridas a regímenes de incentivo como el RIGI y el RIMI, la Nación ofrecerá financiar el 50% del tributo, a condición de que el sector empresarial condone la mitad restante para anular la carga distributiva.

El paquete normativo responde a los reclamos del sector industrial en un escenario signado por la contracción de la actividad. Datos estadísticos de la Unión Industrial Argentina (UIA) indican que la producción manufacturera retrocedió 0,2% mensual en septiembre y acumuló una baja del 3,4% interanual, con un descenso acumulado del 2,8% en el período enero-septiembre de 2026.

Las autoridades nacionales sostienen que la consolidación de las cuentas públicas brinda el margen necesario para sostener estos beneficios fiscales. No obstante, el impacto final de la eliminación de sellos dependerá del nivel de adhesión de los gobiernos provinciales al esquema de compensación propuesto.