La consultora británica Milton Advisers declaró en octubre ante el Departamento de Justicia estadounidense un acuerdo de comunicación para apoyar el reclamo de la expresidente Cristina Kirchner contra su condena, mientras su entorno jurídico desmintió la vigencia de dicho contrato.

El trasfondo del diferendo radica en la difusión internacional de la presentación radicada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según los documentos presentados en Washington bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), los contactos con medios internacionales comenzaron el 5 de octubre a través de correos que ofrecían entrevistas sobre el caso.

De acuerdo con lo revelado en las presentaciones públicas de la firma británica, el objetivo era dar visibilidad a la solicitud que busca suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta sanción recayó sobre la exmandataria tras la sentencia del caso Vialidad, donde la Justicia la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El registro oficial indica que las operaciones fueron encomendadas por Nazar Partners FZ-LLC, firma radicada en Emiratos Árabes Unidos. El convenio estipulaba honorarios de 10.000 dólares mensuales durante un plazo de 12 meses, acumulando un total de 120.000 dólares más gastos operativos.

Sin embargo, en la documentación asentada no consta un contrato firmado directamente por la expresidente. Por esa razón, tampoco figuran precisiones sobre quién solicitó la mediación de la empresa emiratí ni cuál es el origen de las partidas financieras destinaras a cubrir el servicio.

Desde la defensa de la exmandataria explicaron que la agencia de comunicación avanzó de manera apresurada, previo a resolver desavenencias en las cláusulas de contratación. Por otra parte, remarcaron que el planteo judicial internacional ya cuenta con atención mediática propia, por lo cual desestimaron la necesidad de sumar asesoramiento externo.

A partir de este escenario, los representantes legales continúan la estrategia impulsada junto al abogado brasileño Rafael Valim y al jurista español Javier Borrego. El trabajo de la defensa se concentra en conseguir la medida cautelar del organismo internacional antes del próximo ciclo electoral.

La estrategia ante los tribunales internacionales persigue habilitar una eventual candidatura política hacia 2027. En la actualidad, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, en un contexto donde el impacto definitivo de las gestiones ante la ONU permanece supeditado a los plazos del organismo internacional.