De acuerdo con lo que explicaron fuentes parlamentarias, el entendimiento se concretó tras extensas tratativas en el recinto. El sector oficialista, representado por Martín Menem, aceptó revisar el capítulo VI del proyecto de ley del Presupuesto 2027, que inicialmente contemplaba restricciones en el sector. La articulación de los cambios estuvo encabezada por el diputado Oscar Herrera Ahuad junto a referentes de distintas bancadas opositoras que exigieron modificaciones sustanciales.

El texto aprobado establece que la pensión no contributiva equivaldrá al 70% de la jubilación mínima, manteniendo la actualización mensual por inflación. La normativa consagra la compatibilidad entre el beneficio y el trabajo formal, siempre que los ingresos individuales no superen el límite de 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En caso de exceder dicho umbral, la norma prevé una suspensión temporal y prohíbe la baja definitiva del beneficio.

Para garantizar la sustentabilidad del sistema prestacional, la iniciativa dispone que los créditos asignados al Ministerio de Salud no podrán disminuir en términos reales respecto del ejercicio anterior. Además, ratifica el nomenclador universal con arancel obligatorio y contempla la readecuación de partidas mediante transferencias directas del Tesoro nacional si los fondos resultaren insuficientes para cubrir la demanda.

El marco normativo instrumentará controles periódicos mediante el cruce de datos entre organismos estatales competentes. No obstante, el articulado incorpora un procedimiento que exige una notificación fehaciente previa y otorga un plazo para presentar descargos administrativos antes de concretar cualquier suspensión preventiva de la pensión.

La votación final registró 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, girando el proyecto a la Cámara de Senadores para su revisión definitiva. Diversos legisladores indicaron que el giro discursivo oficial buscó destrabar tensiones ante la proximidad de la llegada del papa León XIV, aunque sectores opositores manifestaron cautela sobre el cumplimiento efectivo de las partidas en la ley de gastos que conduce el presidente Javier Milei.

Para el Poder Ejecutivo, la sanción legislativa consolida un entendimiento político inusual, aunque la implementación definitiva de los compromisos financieros quedará sujeta a las deliberaciones pendientes en la Cámara Alta y al debate final sobre el presupuesto.