El presidente Javier Milei generó un amplio rechazo político e institucional este fin de semana tras lanzar descalificaciones y amenazas contra periodistas tras el sobreseimiento dictado en el caso $LIBRA.

El episodio central ocurrió durante un acto en la Fundación Faro, donde el Jefe de Estado afirmó que quienes informaron sobre la causa judicial debían arder en la pira y utilizó términos despectivos hacia los profesionales. Las agresiones continuaron posteriormente en declaraciones radiales y publicaciones en plataformas digitales.

Ante esta situación, la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un documento en el que advirtió sobre la gravedad de los hechos. Desde el espacio partidario sostuvieron que el mandatario sobrepasó las pautas institucionales y demandaron el cese inmediato de los señalamientos hacia los medios de comunicación.

En el mismo sentido se pronunció el Frente Renovador, cuyos representantes expresaron su solidaridad con los comunicadores aludidos de manera directa, entre los que se encuentran Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Natalia Volosin, Paulino Rodrigues y Luis Novaresio.

Las repercusiones alcanzaron a sectores cercanos al oficialismo. La senadora Patricia Bullrich sostuvo que la máxima autoridad ejecutiva atravesó una frontera al emplear ese tipo de expresiones, aunque defendió el derecho a responder a los cuestionamientos de la prensa.

Por otra parte, dirigentes pertenecientes al espacio Pro, como María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, coincidieron en subrayar la importancia de mantener la convivencia democrática frente al uso de descalificaciones verbales.

Desde el ámbito jurídico, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal emitió un comunicado respaldado por profesionales matriculados en el que remarcó que la libertad de expresión constituye un pilar republicano. De acuerdo con lo manifestado por la institución, la jurisprudencia del máximo tribunal establece que no existe amparo legal para la injuria y que la investidura presidencial genera un condicionamiento sobre la tarea informativa.

Organizaciones representativas del sector de prensa, como Adepa y la Academia Nacional de Periodismo, remarcaron que el ejercicio de la réplica oficial debe canalizarse a través de argumentos objetivos y no mediante agravios hacia el periodismo.

Hacia adelante, las distintas fuerzas de la oposición y las organizaciones civiles reafirmaron que mantendrán el monitoreo sobre el respeto a las garantías constitucionales. Por el momento, desde el Poder Ejecutivo no se informaron retractaciones respecto a los señalamientos formulados.