El conflicto por un terreno fiscal volvió a instalarse en el centro de la escena política de El Chaltén luego de que el intendente Daniel Ticó vetara la ordenanza mediante la cual el Concejo Deliberante había dispuesto recuperar la parcela y reincorporarla al Banco de Tierras Municipal.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 211/2026, fechado el 1 de septiembre, y dejó sin efecto la Ordenanza N.º 296/2026, sancionada el 13 de agosto. La norma había sido impulsada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo y establecía que el lote debía volver al patrimonio fiscal municipal para su posterior adjudicación conforme a la normativa vigente.

El terreno cuestionado corresponde a la Parcela 4 de la Manzana 10 y tiene una superficie de 800 metros cuadrados. El antecedente dominial se remonta a 1999, cuando el Consejo Agrario Provincial había adjudicado la parcela a Emanuel Montenegro, quien mantenía entonces una relación de pareja con Leticia Forto, actual secretaria de Obras Públicas y Urbanismo de la Municipalidad de El Chaltén.

Según los antecedentes administrativos citados durante el tratamiento de la ordenanza, el Consejo Agrario Provincial declaró caduca aquella adjudicación mediante el Acuerdo N.º 098, del 4 de diciembre de 2019, y estableció que el terreno quedaba como "Fiscal y Libre de Adjudicación".

El planteo del concejal Moreno Hueyo sostiene que, a partir de esa situación, la parcela debía regresar al Banco de Tierras y quedar disponible para su adjudicación de acuerdo con los mecanismos establecidos por el municipio. La iniciativa había sido aprobada por tres votos durante la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante, realizada el 13 de agosto.

En declaraciones, Moreno Hueyo cuestionó la decisión del Ejecutivo municipal y sostuvo que el veto constituye "gravedad institucional enorme". El concejal afirmó que el Ejecutivo utilizó su facultad de veto para impedir la recuperación del terreno que, según los antecedentes administrativos, se encuentra libre de adjudicación.

El edil también cuestionó los argumentos utilizados para fundamentar el veto. Entre ellos mencionó el supuesto desconocimiento de los antecedentes por parte del anterior adjudicatario. Moreno Hueyo sostuvo que la publicación en el Boletín Oficial constituye precisamente el mecanismo destinado a dar publicidad a los actos administrativos.

Durante la entrevista, además, diferenció la ordenanza recientemente vetada de actuaciones anteriores del Concejo Deliberante. Según explicó, el cuerpo legislativo ya había intervenido previamente sobre la situación y había planteado que la parcela debía regresar al Banco de Tierras.

El concejal vinculó además el debate por el terreno con la problemática de las ocupaciones de tierras que atraviesa la localidad. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo pretenda intervenir sobre determinadas ocupaciones mientras, según su interpretación, mantiene una situación cuestionada dentro de su propia estructura.

La situación de la parcela no surgió con la ordenanza de agosto. En abril de 2023, el Concejo Deliberante había aprobado la Resolución N.º 326/HCDCh/2023, mediante la cual solicitó información sobre el estado dominial del inmueble.

Los antecedentes administrativos también muestran que el municipio viene aplicando procedimientos de baja de expedientes de suelo urbano por incumplimiento de las condiciones establecidas en la normativa. El Boletín Oficial municipal, por ejemplo, registra resoluciones de la Secretaría de Obras y Urbanismo vinculadas con bajas de adjudicaciones y establece mecanismos para que los titulares puedan recurrir esas decisiones.

El caso de la Parcela 4 de la Manzana 10 quedó así atravesado por dos cuestiones: el carácter fiscal que surge de la caducidad de la adjudicación provincial de 2019 y la posterior controversia sobre su ocupación y tratamiento dentro del ámbito municipal.

Con el veto firmado por Ticó, la discusión regresa ahora al Concejo Deliberante, que deberá definir cómo continúa el trámite legislativo frente al rechazo del Ejecutivo. El punto central seguirá siendo la situación administrativa y dominial de la parcela y su eventual incorporación al Banco de Tierras Municipal.