El Gobierno nacional volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que eliminaría la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del conjunto de asignaciones familiares administradas por Anses.

La propuesta está contenida en el artículo 17 de la iniciativa enviada al Congreso y establece la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015. El cambio alcanzaría tanto los montos de las prestaciones como los rangos y límites de ingresos familiares utilizados para determinar el acceso a algunas de ellas.

Para quienes reciben estos beneficios en Santa Cruz, la modificación todavía no produce cambios: forma parte de un proyecto que debe ser tratado por el Congreso. Mientras el régimen actual permanezca vigente, las asignaciones continúan bajo el mecanismo de movilidad establecido por la legislación.

La Ley 27.160 establece que las prestaciones comprendidas en el régimen de asignaciones familiares tienen movilidad. Desde la modificación del sistema previsional implementada en 2024, esa actualización se realiza mensualmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el correspondiente rezago.

El artículo 17 del Presupuesto 2027 busca eliminar esa obligación legal. El proyecto no establece, en reemplazo, una nueva fórmula de actualización ni fija una periodicidad mínima para los aumentos.

Si la iniciativa fuera aprobada en esos términos, las prestaciones seguirían vigentes y el Poder Ejecutivo conservaría la facultad de establecer sus valores, pero dejaría de existir el mecanismo automático que actualmente vincula sus aumentos con la movilidad.

La modificación no se limita a la AUH. También comprende la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contempladas por el régimen.

Un aspecto relevante para los trabajadores registrados es que la movilidad vigente también alcanza los límites y rangos de ingresos familiares. La eliminación de ese mecanismo modificaría, por lo tanto, no solo la forma de actualizar los montos sino también los parámetros utilizados para determinar quiénes pueden acceder a determinadas asignaciones.

El proyecto contempla $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. La cifra representa un incremento nominal del 22,9% respecto de los $11,68 billones estimados para 2026.

Dentro de ese total, el subprograma de Asignación Universal para Protección Social, que reúne la AUH, la AUE y la ayuda escolar correspondiente a sus beneficiarios, tiene asignados $9,18 billones.

Además, se prevén $3,69 billones para asignaciones de trabajadores activos, $1,30 billones para jubilados y pensionados y $185.502 millones para el sector público nacional.

El presupuesto proyecta para 2027 4.143.930 beneficiarios de la AUH, 90.724 de la AUE y 3.321.397 pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal.

El monto global asignado al programa, sin embargo, no determina por sí mismo cuánto aumentará cada prestación ni cómo se distribuirán los recursos durante el año si se elimina la movilidad automática.

En el mensaje que acompaña al proyecto, el Ejecutivo destaca la evolución de la AUH durante la actual gestión. Según los datos oficiales incluidos en la presentación presupuestaria, la prestación acumuló una mejora real cercana al 110% desde diciembre de 2023.

El Gobierno también informó que en agosto la AUH y la AUE alcanzaron los $150.848 mensuales y sostuvo que, junto con la Prestación Alimentar, la cobertura supera el 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

Desde el Ministerio de Capital Humano, además, señalaron que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria. Ese compromiso se refiere al nivel de cobertura y no establece una fórmula de actualización automática equivalente a la que el proyecto propone eliminar.

La modificación tiene antecedentes recientes. El Gobierno había incluido una disposición similar en el proyecto de Presupuesto 2026, pero durante el tratamiento legislativo finalmente no quedó incorporada en el texto aprobado.

La propuesta vuelve ahora en el Presupuesto 2027, esta vez como artículo 17. Hasta que el Congreso resuelva el proyecto, continúa vigente el esquema establecido por la Ley 27.160.