El Concejo Deliberante de Pico Truncado aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que extiende los controles toxicológicos a quienes ocupan cargos electivos y a funcionarios designados por el Ejecutivo municipal. La norma contempla al intendente, concejales y funcionarios de la administración local y ahora quedó en manos del Ejecutivo para su promulgación o veto.

El concejal Morón, impulsor de la iniciativa, explicó que el proyecto nació a partir de la diferencia que, según planteó, existe entre los empleados municipales y quienes tienen responsabilidades políticas. Mientras los trabajadores ya son sometidos a controles de alcohol y estupefacientes, los funcionarios y cargos electivos no estaban alcanzados por la misma exigencia.

"Nos parece muy injusto que solamente los toxicológicos sean a los empleados municipales y los que tenemos la responsabilidad mayor no tengamos que someternos a esos toxicológicos", sostuvo.

La iniciativa comenzó a ser analizada hace aproximadamente un año y durante su tratamiento incorporó modificaciones, leyes y nuevos considerandos, aunque Morón aseguró que se mantuvo el espíritu original. El objetivo, señaló, es establecer mecanismos de transparencia e idoneidad para quienes ejercen responsabilidades públicas.

El proyecto contempla que los controles sean realizados de manera sorpresiva y con intervención de Recursos Humanos junto con una comisión evaluadora. Según explicó el concejal, ese organismo estará integrado por representantes de los distintos bloques del Concejo, un representante gremial, la COPADE y un sacerdote de la localidad.

La incorporación de esa comisión apunta, de acuerdo con los fundamentos expuestos por Morón, a evitar que los controles queden exclusivamente bajo la órbita del Ejecutivo y puedan utilizarse de manera discrecional.

La ordenanza también establece un mecanismo de contraprueba. Frente a un resultado positivo, el funcionario quedaría suspendido preventivamente sin goce de haberes y tendría 48 horas para solicitar un nuevo análisis.

El concejal sostuvo que el mecanismo alcanzaría a quienes se encuentren actualmente en funciones una vez que la ordenanza entre en vigencia, y no únicamente a quienes sean incorporados posteriormente. La aplicación comenzaría luego de su promulgación y publicación, de acuerdo con el procedimiento previsto para la entrada en vigencia de las ordenanzas municipales.

La iniciativa incluye al intendente y a los concejales. Morón también señaló que el proyecto fue llevado a la Cámara de Diputados de Santa Cruz para analizar una eventual aplicación sobre legisladores provinciales, aunque reconoció que ese ámbito requiere un tratamiento propio.

Durante la entrevista, el concejal cuestionó además el tratamiento que, según afirmó, recibieron empleados municipales que dieron positivo en controles durante la actual gestión. Sostuvo que más de 18 trabajadores fueron despedidos y consideró que, además de los controles, debería existir acompañamiento profesional para quienes atraviesen problemas vinculados con el consumo.

La ordenanza prevé que los costos de los análisis sean contemplados dentro del presupuesto municipal. Morón explicó que todavía debe determinarse la partida necesaria y que, en caso de que una persona sea encontrada bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes, el costo del estudio quedaría a cargo de esa persona.

El proyecto también fue presentado por el concejal como una respuesta a situaciones que, según afirmó, generaron cuestionamientos entre vecinos respecto del tratamiento que reciben funcionarios y particulares frente a determinadas infracciones o controles.

"Estos proyectos por ahí que vuelvo a mencionar es como un poco de justicia para la gente que nos ha votado para eso", afirmó.

Morón sostuvo que la iniciativa recibió respaldo de vecinos de Pico Truncado y que concejales de otras localidades se comunicaron para conocer el contenido de la ordenanza con la intención de analizar su eventual implementación.

Con la aprobación del Concejo Deliberante, el proyecto dejó atrás la instancia legislativa municipal y ahora se encuentra en el Ejecutivo. Pablo Anabalón tiene 20 días para promulgar la ordenanza o ejercer su facultad de veto. En caso de veto, el Concejo Deliberante podrá evaluar una eventual insistencia conforme al procedimiento establecido para este tipo de normas.