El conflicto entre la Asociación del Personal Jerárquico de la Actividad Municipal (APJAM) y el Ejecutivo de Caleta Olivia sumó una instancia penal. Su secretario general, Alejandro Lugo, confirmó que presentó una denuncia contra el intendente Pablo Carrizo por la presunta retención de aportes sindicales correspondientes a los trabajadores municipales.

Según explicó Lugo durante la entrevista radial, el sindicato inició previamente un reclamo judicial por las retenciones sindicales y cuestionó la demora en el pago de esos fondos. El dirigente sostuvo que el municipio argumentó falta de recursos, aunque consideró que los aportes forman parte de las obligaciones contempladas en el presupuesto municipal.

"En la justicia aducen que no tienen plata, que no hay fondo", afirmó Lugo, quien rechazó ese argumento y sostuvo que los aportes sindicales y los conceptos vinculados a los trabajadores están incluidos dentro de las obligaciones salariales.

El dirigente señaló que APJAM presentó primero una acción de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia N° 1 de Caleta Olivia. Según relató, el planteo no prosperó como amparo y fue encauzado como proceso sumarísimo.

La causa quedó posteriormente bajo la órbita de la jueza Mónica Analía Navarrete, quien asumió el 21 de agosto como titular del Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia. La designación fue oficializada por el Poder Judicial de Santa Cruz.

Lugo cuestionó particularmente que la Justicia haya considerado que la demora en el cobro del crédito reclamado no resultaría suficiente, por sí sola, para configurar el peligro de demora. El sindicalista remarcó que, según su planteo, la deuda lleva 13 meses.

"Son 13 meses en el limbo de demora", sostuvo, y comparó esa situación con los plazos habituales frente a deudas de servicios básicos.

El reclamo incluye además un certificado de deuda que, de acuerdo con lo expresado durante la entrevista, supera los 167 millones de pesos. Lugo aseguró que el municipio impugnó ese documento y cuestionó que se desconozca la certificación utilizada como respaldo de la deuda.

A partir de esas diferencias, el dirigente confirmó que APJAM decidió avanzar con una denuncia penal contra Carrizo. Lugo sostuvo que busca que se determine si existió una conducta ilícita vinculada con la retención de los fondos correspondientes a los trabajadores afiliados.

"Lo que queremos hacer es tratar de que como institución se dé a la luz toda esta situación", planteó.

La denuncia incorpora además cuestionamientos al funcionamiento de las distintas instancias institucionales a las que recurrió el sindicato. Lugo afirmó que APJAM llevó sus reclamos al Ejecutivo municipal y posteriormente a la Secretaría de Trabajo provincial, hoy Ministerio de Trabajo, sin obtener soluciones.

Según relató, se realizaron alrededor de 15 audiencias por distintos reclamos laborales y, a su criterio, ninguno de los planteos obtuvo una respuesta efectiva.

El dirigente también vinculó el conflicto con otros reclamos de los municipales de Caleta Olivia. Mencionó demoras en el pago de la obra social, ART y aportes sindicales, además de cuestionamientos por descuentos aplicados a trabajadores que participaron de medidas de fuerza.

Lugo sostuvo que durante el conflicto municipal se descontaron determinados conceptos a trabajadores que realizaron paro y afirmó que esos recursos fueron utilizados para afrontar el aumento salarial del 15 por ciento otorgado al sector.

"Tenemos el derecho a huelga, pero castigarlo porque hicimos paro", sostuvo al referirse a los descuentos.

APJAM también reclama, según explicó su secretario general, el pago de un retroactivo del 15 por ciento acordado en agosto del año pasado y la apertura de la discusión paritaria correspondiente al período 2025-2026.

El conflicto gremial se desarrolla además en un contexto de nuevas medidas de fuerza vinculadas con la ART y otros reclamos laborales. Lugo afirmó que la situación refleja, a su entender, un deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo municipal y los sindicatos.

El dirigente rechazó, además, que sus posiciones estén determinadas por alineamientos políticos. Durante la entrevista reconoció su pertenencia a Encuentro Ciudadano en Caleta Olivia, pero sostuvo que esa vinculación no condiciona los reclamos sindicales.

"Nosotros podemos ser cualquier cosa, pero nosotros vamos a reclamar los derechos de los compañeros", afirmó.

La relación con el intendente también aparece atravesada por la falta de diálogo directo. Lugo aseguró que APJAM intentó mantener encuentros con el jefe comunal, aunque sostuvo que esas reuniones no se concretaron.

Ahora, la atención está puesta en la audiencia prevista para el 9 de septiembre, instancia en la que, según explicó el dirigente, la jueza Navarrete evaluará la posibilidad de una conciliación dentro del expediente.

Mientras tanto, APJAM mantiene su reclamo judicial y la denuncia penal anunciada por Lugo. La resolución de la controversia deberá determinar, a partir de las actuaciones y las pruebas incorporadas al expediente, la existencia y alcance de las obligaciones económicas reclamadas por el sindicato.