La definición sobre los concursos para cubrir cargos judiciales en Santa Cruz volvió a generar cuestionamientos. Roberto Bucarey apuntó contra la designación de Anabela Dionisio como jueza de Río Turbio y sostuvo que existen antecedentes y denuncias que, a su entender, deberían ser considerados antes de avanzar con la designación.

El planteo surgió durante la entrevista radial, luego de que Bucarey tomara conocimiento de los considerandos elaborados por el Consejo de la Magistratura respecto de los abogados que participaron de los concursos para cubrir juzgados de Río Turbio, Puerto Santa Cruz y Puerto Deseado. Según explicó, fueron nueve los profesionales que se presentaron al proceso de selección.

Bucarey centró sus cuestionamientos en Dionisio, a quien vinculó con la exjueza Betina Busto. Afirmó que ambas habían sido denunciadas en actuaciones relacionadas con el desempeño de la Justicia en la Cuenca Carbonífera y mencionó particularmente la causa vinculada con la pérdida de armas y otros episodios que, según su exposición, deberían ser revisados.

“Anabela no podía ni haber concursado porque está inmiscuida en la causa armas, que se le perdieron a Betina Busto y hoy es la jueza”, sostuvo durante la entrevista.

El dirigente también cuestionó el mecanismo de selección y apuntó contra Daniel Mariani. En ese sentido, sostuvo que la conducción del Poder Judicial mantiene capacidad de influencia sobre las designaciones y reclamó que tanto el Consejo de la Magistratura como el Colegio de Abogados intervengan para revisar los antecedentes de los postulantes.

La situación se produce además en un escenario de cambios dentro de la Justicia provincial. Daniel Mariani es actualmente vocal del Tribunal Superior de Justicia y asumió en mayo la presidencia del Consejo de la Magistratura. Ese organismo tiene entre sus funciones evaluar los antecedentes y exámenes de quienes aspiran a ocupar cargos judiciales y conformar las ternas que luego son remitidas al Poder Ejecutivo y a la Legislatura.

La estructura del Poder Judicial santacruceño atravesó durante 2026 una profunda reconfiguración luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara la ampliación del Tribunal Superior de Justicia de cinco a nueve integrantes. En mayo, Gabriel Contreras fue elegido presidente del máximo tribunal provincial y Mariani quedó como representante titular del TSJ ante el Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, Bucarey cuestionó que las modificaciones institucionales anunciadas por el Gobierno provincial no se traduzcan, según su mirada, en cambios en los mecanismos de selección de magistrados. También reclamó que los antecedentes y denuncias mencionados durante la entrevista sean incorporados al análisis del concurso.

Durante la conversación, Bucarey afirmó que continuará difundiendo sus cuestionamientos y anticipó que recurrirá a otras instancias si considera que no existe una respuesta institucional. Sus expresiones incluyeron fuertes acusaciones contra funcionarios y magistrados, aunque esas imputaciones fueron formuladas por el entrevistado y no constituyen, por sí mismas, una comprobación judicial de los hechos denunciados.

Por ahora, el eje del planteo queda concentrado en la necesidad de determinar qué antecedentes fueron efectivamente evaluados en el concurso y qué decisión adoptaron formalmente los organismos competentes respecto de la postulación de Dionisio. El material analizado no incorpora el texto completo de la resolución o dictamen del Consejo de la Magistratura que permita establecer esos extremos.