El uso de caños tubing en obras de infraestructura deportiva volvió a generar cuestionamientos en Santa Cruz. La discusión tomó mayor relevancia luego de que el propio Gobierno provincial informara que entregará este material para la ampliación del gimnasio del Club Social y Deportivo Lago Argentino, en El Calafate.

El anuncio oficial, realizado el 31 de julio, contempla la entrega de “caños tubing y el 50 % del techo” para avanzar con la ampliación de la estructura deportiva. El dato constituye el principal elemento concreto sobre el que se apoyan los reclamos que comenzaron a circular en la zona norte de la provincia.

Las organizaciones y referentes que plantearon los cuestionamientos buscan determinar qué tipo de tubing será utilizado, cuál es su procedencia y qué documentación técnica respalda su incorporación a una estructura destinada al uso público.

El interrogante adquiere otra dimensión frente a los requisitos establecidos en la documentación técnica del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Según el material aportado, los pliegos contemplan la necesidad de acreditar la calidad de los materiales mediante certificados o ensayos y establecen exigencias vinculadas con las estructuras metálicas, las memorias de cálculo y los reglamentos CIRSOC.

La cuestión central, no pasa solamente por determinar si el tubing puede ser utilizado en una construcción, sino por establecer qué características tiene el material concreto que se incorpora a cada obra y bajo qué condiciones fue autorizado.

Entre las preguntas planteadas aparecen su condición de material nuevo o recuperado, el origen, la existencia de certificados de calidad, los ensayos mecánicos realizados, la trazabilidad y la identificación del profesional responsable de la memoria de cálculo. También se reclama conocer si esa documentación forma parte de los expedientes correspondientes.

El material aportado incorpora como antecedente un informe de ingeniería elaborado en junio de 2024 sobre una estructura construida con caños tubing en El Hoyo, Chubut. Allí se habría advertido sobre la falta de certificación de los tubos respecto de determinadas normas aplicables a elementos estructurales y sobre los riesgos asociados al empleo de caños usados provenientes de la actividad petrolera.

Ese antecedente no permite concluir que el material utilizado o previsto en Santa Cruz tenga las mismas características. Sí constituye, según el planteo de los denunciantes, un motivo para exigir que cada obra cuente con respaldo técnico específico.

La discusión también alcanza al nuevo polideportivo del barrio Ara San Juan, en Caleta Olivia. El proyecto corresponde a la Licitación Pública N.º 05/IDUV/2026, tiene un presupuesto oficial de $4.440.190.866,91 y fue adjudicado a PROALSA SRL por $4.735.325.840,78, según la información incluida en el material fuente.

La diferencia entre ambos montos ronda el 6,65%. Más allá del costo de la obra, el interrogante planteado es qué materiales contempla el proyecto ejecutivo y cuáles son las especificaciones técnicas exigidas para su utilización.

También fueron señaladas las tres pasarelas peatonales construidas sobre sectores de la Ruta Provincial 12, frente al Jardín N.º 51 “Mailén”, CODECO y el Colegio Secundario N.º 6. La información pública citada en el material indica que las estructuras metálicas contaron con apoyo del sector petrolero.

En este caso, los cuestionamientos apuntan a determinar quién elaboró y certificó el proyecto estructural, qué normas cumple el material empleado, cuál fue su procedencia y qué organismo autorizó su utilización.

Existe además un antecedente judicial relacionado con la trazabilidad del tubing. En noviembre de 2024, el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia ordenó el secuestro de 171 caños transportados sin documentación de procedencia suficiente, luego de que una empresa petrolera los identificara mediante sus códigos. Ese episodio, por sí solo, no permite vincular aquellos materiales con ninguna obra pública actual, pero forma parte de los antecedentes utilizados para reclamar mayor control sobre el origen del tubing.

Hasta el momento, el material aportado no incluye certificados, memorias de cálculo, ensayos o expedientes que permitan establecer las características específicas del tubing destinado a las obras mencionadas. Tampoco incorpora respuestas oficiales de los organismos provinciales o municipales frente a los interrogantes planteados.

Por eso, el punto pendiente de la discusión es documental: conocer qué material se utiliza, de dónde proviene, qué requisitos técnicos cumple y quién certificó su aptitud para cada estructura.

La información oficial sobre las obras permite conocer anuncios, montos y destinos, pero los cuestionamientos planteados reclaman avanzar sobre la documentación técnica que respalda su ejecución. Allí estará, según los elementos disponibles, la posibilidad de determinar si el material empleado cumple con las exigencias previstas para infraestructura pública.