Roxana Reyes cuestionó el funcionamiento de Santa Cruz Puede, reclamó mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y pidió que los organismos de control intervengan frente a las observaciones que, según afirmó, surgen de un informe del Tribunal de Cuentas.

La referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Cruz se refirió al tema luego de una recorrida que realizó por el predio donde funciona el mercado vinculado a la empresa estatal. Allí, según relató, mantuvo un intercambio con un hombre que se identificó como Eugenio Grela y manifestó ser el dueño del lugar.

“Cuando me dijo que es el dueño, la verdad que impactante que este hombre, que no sé quién lo conoce, me venga a decir que es el dueño de lo que es propiedad del Estado provincial”, sostuvo Reyes durante una entrevista radial.

La dirigente explicó que había concurrido al lugar como ciudadana después de recibir comentarios de comerciantes que advertían sobre la participación de Santa Cruz Puede en actividades en las que también trabajan empresas y emprendimientos privados. Mencionó entre ellas la venta de aberturas, la comercialización de frutas y verduras y la gastronomía.

Según su relato, mientras registraba un video en el predio fue abordada por Grela, quien intentó explicarle el funcionamiento de la verdulería y posteriormente le manifestó que era el propietario. Reyes dijo que esa situación le generó interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales se utiliza el inmueble.

La referente radical sostuvo además que, pese a que Grela le habría manifestado que alquilaba el galpón, no encontró hasta el momento documentación que, según su interpretación, permita determinar bajo qué figura ocupa el espacio. Mencionó la posibilidad de un contrato de locación, comodato o adjudicación y reclamó que esa situación sea aclarada.

El eje central de sus cuestionamientos estuvo puesto, sin embargo, en el manejo de los fondos de Santa Cruz Puede. Reyes afirmó que el Tribunal de Cuentas consignó erogaciones por aproximadamente 413 millones de pesos durante diciembre y señaló que el informe contiene observaciones relacionadas con los procedimientos de compra.

“Dice que no hay órdenes de compra”, afirmó Reyes. Explicó que, según el documento que estaba analizando, tampoco existiría un registro de proveedores ni remitos que acrediten la recepción de la mercadería.

Para la dirigente, esas observaciones requieren una revisión porque involucran recursos públicos. “La nuestra la están rifando”, sostuvo, al cuestionar el mecanismo de administración que describió durante la entrevista.

Reyes aclaró que sus afirmaciones se basan en el informe del Tribunal de Cuentas y no en documentación propia. “Estoy leyendo el informe del Tribunal de Cuentas”, señaló, y sostuvo que corresponde que el organismo avance con las actuaciones que considere necesarias si detecta irregularidades.

En paralelo, anticipó que junto con el Observatorio de Transparencia trabajan en pedidos de informes dirigidos al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Diputados. El objetivo, explicó, es conocer con mayor precisión el funcionamiento de Santa Cruz Puede y determinar qué controles existen sobre sus actividades.

También cuestionó que el Estado provincial participe en actividades comerciales que compiten con empresas privadas. Puso como ejemplo la verdulería instalada en el predio y sostuvo que los comerciantes particulares deben afrontar alquileres, salarios e impuestos mientras una empresa estatal dispone de recursos públicos.

“Si el Estado invierte en poner una verdulería, a usted por ahí le sirve, pero a los verduleros que están trabajando, pagando impuestos, pagando alquiler, pagando empleados, a toda la gente que la está remando para mantener una fuente de trabajo, la verdad que no le sirve”, afirmó.

Con la apertura de un restaurante y la posibilidad de que Santa Cruz Puede avance hacia la prestación de servicios gastronómicos o de catering para organismos provinciales. Reyes advirtió que, en caso de existir servicios destinados a hospitales, deberían cumplirse las normas específicas vinculadas con la alimentación hospitalaria.

Otro tramo de la conversación estuvo referido a World Security y a contrataciones de servicios de seguridad, se señalaron prórrogas contractuales y montos millonarios vinculados con organismos provinciales. Reyes sostuvo que esas situaciones deben ser examinadas dentro del esquema general de controles que reclama sobre el uso de fondos públicos.

También se mencionaron durante la entrevista los nombres de Eugenio Grela, Prieto Alemandi y Julio Gutiérrez, en relación con distintas actividades y vínculos empresariales. En ese punto, Reyes realizó una precisión para evitar una atribución incorrecta: aclaró que Grela no es el abogado de Gutiérrez y que ese rol corresponde a Prieto Alemandi.

Las vinculaciones empresariales mencionadas, según explicó Reyes, forman parte de una investigación que todavía se encuentra en desarrollo. Por ese motivo, sostuvo que continuará reuniendo documentación antes de definir eventuales presentaciones judiciales.

La dirigente también puso el foco en la relación entre Santa Cruz Puede y el Gobierno provincial. Durante la entrevista recordó una declaración atribuida a Sibori, según la cual recibiría instrucciones del gobernador Claudio Vidal, y consideró necesario determinar qué nivel de intervención tiene el Poder Ejecutivo sobre las decisiones de la empresa estatal.

“Todo va a depender de Claudio Vidal, ya sea como gobernador o ya sea como el que le da instrucciones”, sostuvo Reyes.

En relación con la denuncia pública realizada por el jefe de Gabinete sobre un presunto seguimiento. “Es terrible que habiendo hecho una denuncia y pidiendo la Protección Federal, el jefe de Gabinete diga que le hacen seguimiento en la casa y que no lo llame el ministro de Seguridad para ponerse a disposición”, afirmó.

Reyes reclamó explicaciones del Gobierno provincial y cuestionó también la actuación de los legisladores oficialistas frente al episodio. Consideró que una situación de esas características requiere respuestas institucionales y no el silencio por parte de las autoridades.

Sobre el final, vinculó sus cuestionamientos sobre el funcionamiento del Estado con las dificultades para generar nuevas inversiones en la provincia. “¿Quién puede venir a invertir en un kiosquito cuando no hay seguridad jurídica?”, planteó.

Reyes anticipó que continuará trabajando junto con el Observatorio de Transparencia sobre la documentación vinculada con Santa Cruz Puede y que analizará las presentaciones que correspondan una vez reunidos los elementos necesarios. Su reclamo central quedó concentrado en la necesidad de transparentar el manejo de los recursos públicos y reforzar los mecanismos de control sobre la empresa estatal.