El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía N° 3, conducida por el fiscal Chan, al advertir un operativo de vigilancia y seguimiento encubierto sobre su vivienda particular. El hecho fue descubierto por su esposa al notar la presencia reiterada de un vehículo no identificado en las inmediaciones de su domicilio. Tras chequear el dominio y constatar que pertenecía a la flota de la Policía de Santa Cruz, el propio funcionario confrontó al conductor, quien admitió ser efectivo de la fuerza y hallarse cumpliendo órdenes de seguimiento.

La presentación judicial apunta de forma directa a la conducción del Ministerio de Seguridad, a cargo de Pedro Prodromo, e involucra al jefe de la Policía provincial, Bordón, y al superintendente de Investigaciones, Luis Poblete. De acuerdo con lo revelado en el programa Contracara de Radio News, el episodio expone la gravedad de las prácticas de inteligencia ilegal ejecutadas dentro de la propia estructura del Estado contra la segunda autoridad del Poder Ejecutivo provincial.

El conflicto judicial sale a la luz en medio de un pronunciado reacomodamiento de fuerzas dentro del Ejecutivo santacruceño. En ese marco, el militar retirado Gustavo Síbori avanza en la consolidación de un esquema propio orientado a recortar la influencia de la Jefatura de Gabinete. Muestra de esta dinámica es el arribo a Río Gallegos de Federico Radi para reasumir la presidencia del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) —organismo en el que ya había cumplido funciones previamente—, sumado a la inserción del abogado Eugenio Grela en la firma estatal Santa Cruz Puede.

A la sacudida institucional se suma el cuestionamiento a los recientes anuncios económicos formulados en Comandante Luis Piedrabuena, donde el gobernador Claudio Vidal hizo pública una partida de 60.000 millones de pesos. Según se denunció al aire, dichos fondos no se destinarán a dinamizar la obra pública provincial ni a absorber la desocupación en las filas de la UOCRA, sino a la adquisición de viviendas preensambladas importadas desde China. La operación aparece vinculada al empresario Jorge Luis Nars —proveedor cuestionado por la venta previa de luminarias a SPSE—, en una maniobra efectuada al margen de procesos licitatorios y en franca contradicción con la legislación del 90/10 para la mano de obra santacruceña.

El escenario expone una severa grieta entre la retórica oficial de combate a las gestiones que administraron la provincia hasta 2023 y la presencia activa dentro del Gabinete de dirigentes provenientes de los gobiernos de Daniel Peralta y Alicia Kirchner —como el caso de Jaime Álvarez—, generando severos cuestionamientos sobre la coherencia y la transparencia del esquema gubernamental.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo provincial no ha dispuesto el apartamiento preventivo de los funcionarios policiales señalados ni de la cúpula del Ministerio de Seguridad. La investigación iniciada por Luxen permanece bajo instrucción en la Fiscalía N° 3, a la espera de las primeras diligencias para determinar la responsabilidad material e intelectual de las tareas de espionaje.