Municipales de Piedrabuena denuncian cerco policial para ocultar su protesta salarial
Un grupo de trabajadoras instaló una carpa frente al municipio durante el acto aniversario de la localidad para exigir aumentos salariales. Acusan al Gobierno de enviar efectivos policiales para invisibilizar el reclamo y denuncian un acuerdo paritario irregular.
Durante los actos por un nuevo aniversario de Comandante Luis Piedrabuena, un grupo de doce empleadas municipales que mantiene el acampe pacífico frente a la intendencia, denunció al operativo policial rodeó la protesta. Las manifestantes acusaron a las fuerzas de seguridad, que incluyeron personal de Infantería, de intentar ocultar el reclamo salarial ante la presencia de autoridades gubernamentales.
En diálogo con Radio News, la referente municipal Ivana Igor explicó que un comisario se acercó al lugar para pedirles que retiraran la carpa "para que no se vea así". Las trabajadoras rechazaron la solicitud tras argumentar que llevan meses entregando notas formales sin obtener respuestas del Ejecutivo. "Nuestras armas son los reclamos escritos plasmados en panfletos; no violentamos ni faltamos el respeto", remarcó.
El detonante de la manifestación es la crisis salarial que atraviesa el sector público en la localidad. Una empleada con dos décadas de antigüedad en el municipio percibe un sueldo básico de 630.000 pesos. El malestar se profundizó tras la paritaria firmada el domingo pasado con el sindicato UPCN, gremio al que las manifestantes le atribuyen apenas dos afiliados en la intendencia. El acuerdo estableció un incremento del 8 por ciento a pagar entre agosto y octubre, una pauta que desde la carpa definieron como una burla frente al costo de vida.
Las críticas también apuntaron contra la falta de representatividad en las negociaciones y la participación de autoridades con cargos activos en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), así como el accionar de la intendente Analía Farías. Las manifestantes denunciaron además que gran parte del personal municipal evita sumarse a los reclamos públicos por temor a sufrir traslados arbitrarios o persecución laboral, optando por aceptar bonos no remunerativos de 50.000 o 100.000 pesos.
De manera simultánea al conflicto en la calle, el acto oficial transcurrió con anuncios y entregas de equipamiento informático. Las trabajadoras contrastaron estos actos con la realidad de las instituciones públicas locales, detallando que dependencias como la Escuela 6 presentan baños clausurados y severos problemas de calefacción que no se resuelven con la entrega de computadoras.
Pese a la persistencia del despliegue policial durante la conmemoración, las municipales decidieron sostener la estructura frente a la sede de gobierno. Las trabajadoras mantienen firme el reclamo por una recomposición salarial que supere la línea de indigencia y aguardan la apertura de un canal de diálogo directo con las autoridades.
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