La Federación Económica de Santa Cruz, en representación conjunta con la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos y la Cámara de Comercio, encendió las alarmas frente al accionar de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU. La decisión del Gobierno provincial de instalar un bodegón gastronómico destinado a camioneros en las inmediaciones del depósito fiscal reavivó los reclamos del sector privado. La medida es considerada la gota que colmó el vaso en una actividad fuertemente golpeada por la recesión económica, donde los comerciantes afrontan alquileres, tarifas e impuestos sin asistencia oficial, mientras la nueva propuesta estatal se sostiene con infraestructura, servicios, personal y publicidad financiados por las arcas públicas.

Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica, sostuvo que esta iniciativa confirma un patrón de conducta recurrente. En junio pasado, el sector empresarial elevó un informe al gobernador y a los ministerios de Producción y Economía tras la apertura del mercado concentrador. Aquel proyecto, presentado originalmente como un centro de abastecimiento mayorista para el abaratamiento de precios regionales, derivó en una verdulería minorista que funciona sin habilitación municipal y comercializa productos sin la emisión de tickets ni facturas, lo que configura un marco de competencia desleal e irregularidad fiscal.

A la falta de regulación municipal e impositiva se suma el avance de la firma estatal sobre las contrataciones públicas. Según detalló el dirigente empresarial, Santa Cruz Puede SAU se encuentra inscripta en el registro de proveedores en más de cien rubros comerciales, permitiéndole competir directamente con comerciantes locales en licitaciones de insumos informáticos, indumentaria, vehículos, muebles y alimentos. Esta dinámica sitúa a la compañía pública en una posición de privilegio frente a los proveedores privados, quienes además enfrentan demoras considerables en el cobro de sus acreencias con el Estado provincial.

Desde el sector mercantil advierten sobre la proliferación de anuncios de alto costo fiscal que terminan desactivándose a los pocos meses. Proyectos vinculados a la fabricación de puertas placas, botines, viviendas modulares y producción avícola insumieron erogaciones estatales sin mostrar resultados concretos ni continuidad operativa. La preocupación se profundiza al considerar el escenario macroeconómico local, signado por el cierre progresivo de comercios, la paralización de obras estratégicas como las represas sobre el río Santa Cruz y un índice de desocupación que posiciona a la provincia al frente del ranking nacional de desempleo.

Frente a la ratificación del Poder Ejecutivo sobre la continuidad de la sociedad anónima estatal, las entidades gremiales empresarias mantendrán las presentaciones ante los organismos de control. El Tribunal de Cuentas ya emitió observaciones sobre las deficiencias en el manejo financiero de la firma, en tanto que las cámaras empresariales insistirán en la necesidad de convocar a mesas de diálogo para reorientar los fondos públicos hacia el sostenimiento de las pymes locales y la preservación del empleo formal en la provincia.