La decisión de aplicar el Decreto 608 y la Ley N° 1.182 para tramitar el pase a retiro obligatorio de tres integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desató fuertes cuestionamientos en el ámbito político santacruceño. El diputado provincial Daniel Peralta sostuvo que el Poder Ejecutivo incurre en una grave extralimitación al pretender modificar o aplicar la legislación previsional a miembros del Poder Judicial mediante un decreto.

El legislador remarcó que las magistradas gozan de la garantía constitucional de inamovilidad en sus cargos y que la única vía legal para su remoción es el juicio político. Peralta advirtió que la medida impulsada desde la Caja de Previsión Social generará antecedentes equivalentes al histórico fallo del caso Sosa. "Este juicio está perdido, cuando las vocales lleguen a la Corte Suprema, está perdido", remarcó el exmandatario, al tiempo que afirmó que la provincia avanza "camino a una provincia de un solo poder".

En la Cámara de Diputados, el oficialismo intentó en dos oportunidades impulsar el juicio político contra los integrantes del Máximo Tribunal. Dichos procesos no alcanzaron la mayoría de dos tercios requerida en la Sala Acusadora para prosperar, registrándose votos en contra y abstenciones dentro del propio bloque oficialista.

Según el diputado, la utilización de la vía administrativa tras no prosperar la vía parlamentaria constituye una medida de disciplinamiento hacia el conjunto del Poder Judicial. Asimismo, señaló que la salida de las tres juezas dejaría al Tribunal Superior de Justicia sin representación femenina en su máxima instancia.

En relación al funcionamiento de la Caja de Previsión Social, el exgobernador cuestionó el procedimiento utilizado para tratar las jubilaciones de las juezas Paula Ludueña, René Fernández y Alicia Mercau. Peralta indicó que los vocales por los pasivos, Viviana Carabajal, y por los activos, Cristian Sánchez, fueron convocados de forma intempestiva a una sesión para tratar más de 300 expedientes, iniciándose el tratamiento específicamente por los legajos de las tres integrantes del tribunal.

El accionar fue encuadrado dentro de una línea de decisiones del Gobierno provincial que genera incertidumbre en diversos sectores regidos por regímenes especiales de la Ley N° 1.182, entre los que se encuentran los empleados viales, el personal policial y los trabajadores bancarios.

En el análisis de la gestión provincial, Peralta señaló inconsistencias en diversas iniciativas del Ejecutivo, entre las que citó el proyecto de emergencia habitacional presentado sin relevamientos técnicos previos y las modificaciones de la estructura del Consejo Provincial de Educación concretadas por vía reglamentaria.

Respecto del panorama económico, el legislador advirtió sobre la caída de la actividad petrolera, la retracción en la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos y el costo financiero que implicará tomar endeudamiento en moneda nacional para atender gastos corrientes y salariales. En cuanto al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), observó que no se registran proyectos efectivamente radicados en territorio santacruceño.

Las actuaciones administrativas dictadas por la Caja de Previsión Social quedarán sujetas a las impugnaciones y presentaciones judiciales que formulen las vocales afectadas ante las instancias provinciales y nacionales, mientras en la Legislatura la oposición mantendrá la revisión sobre la legalidad de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo.