Integrantes del bloque Unión por la Patria fijaron posición sobre la denuncia presentaba por Pedro Luxen, quien expuso vigilancias y seguimientos contra su persona y su entorno desde el 15 de agosto de 2026. Durante el encuentro con los medios, los diputados provinciales Carlos Godoy y Eloy Echazú, junto a la legisladora nacional Moira Lanesan Sancho, reclamaron respuestas directas al Ministerio de Seguridad y exigieron determinar si existió participación de agentes o recursos de la Policía de Santa Cruz en las maniobras.

Los ediles cuestionaron la falta de precisiones institucionales sobre el tema y ratificaron que el caso requiere ser aclarado tanto en sede judicial como en el ámbito político.

La presentación pública de la oposición se dio como continuidad del cruce registrado en la Cámara de Diputados, donde la bancada opositora intentó citar al ministro de Seguridad y a la cúpula policial para brindar explicaciones sobre los hechos.

En esa oportunidad, la iniciativa promovida por Godoy reunió 15 votos y quedó a un paso de alcanzar el número necesario para prosperar. El oficialismo articuló una propuesta alternativa que obtuvo ocho votos y logró frenar la interpelación, lo que impidió formalizar la convocatoria a los funcionarios del Ejecutivo.

Posteriormente a esa sesión, legisladores opositores profundizaron sus críticas a la conducción del área. Godoy sostuvo que el conflicto se inserta en diferencias internas del gabinete provincial —con antecedentes durante la crisis policial— y reclamó una definición pública del gobernador Claudio Vidal. En el mismo sentido, la diputada Agostina Mora Doldán advirtió tras el debate parlamentario que el hermetismo oficial y la gravedad de las denuncias por inteligencia ilegal "dejan la puerta abierta" para discutir un eventual juicio político contra el mandatario provincial y las autoridades de Seguridad.

La denuncia impulsada por Luxen solicitó medidas de protección y el resguardo de registros fílmicos, aunque la presentación judicial no atribuye responsabilidades directas a personas ni organismos en particular. Fuentes del Ejecutivo señalaron que el gobernador estaba al tanto de la situación y respaldó el inicio de la causa.

El expediente deberá definir si los hechos ocurrieron en los términos expuestos y si existió un accionar al margen de la normativa. Desde el bloque opositor confirmaron que continuarán impulsando consensos en el recinto para que las autoridades del área de seguridad brinden informes de manera oficial.