El conflicto dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz sumó nuevos capítulos en las últimas semanas, con dos discusiones que atraviesan al Poder Judicial: los descuentos salariales aplicados a los trabajadores que realizaron medidas de fuerza y la situación de tres vocales alcanzadas por el Decreto 608/24.

En una entrevista Exclusiva con La Opinión Austral, el vocal Fernando Basanta defendió su voto en disidencia contra el descuento de los días de paro y cuestionó que una decisión administrativa pueda producir el cese de integrantes del máximo tribunal provincial.

Poco después de esa entrevista, la situación de las vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña tuvo una nueva definición judicial: el juez Luis Manuel Cappa dictó medidas cautelares interinas que suspendieron provisoriamente los efectos de las decisiones que podían derivar en su salida del TSJ.

El TSJ resolvió por mayoría descontar los haberes correspondientes a diez jornadas de paro realizadas entre el 27 y el 31 de julio y entre el 3 y el 7 de agosto. La medida también contempla el descuento del presentismo y de los conceptos salariales proporcionales a los días no trabajados.

La decisión fue adoptada por el presidente del Tribunal, Gabriel Contreras, y los vocales Daniel Mariani, José Antonio González Nora, Sergio Acevedo y Lucio de la Vega. En disidencia votaron Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta. Los cuatro nuevos vocales —Contreras, De la Vega, Acevedo y González Nora— fueron designados por la Legislatura de Santa Cruz a partir de ternas propuestas por el Poder Ejecutivo de Claudio Vidal, mientras que Mariani ya integraba el Tribunal desde una designación realizada durante la gestión de Alicia Kirchner.

La Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio” cuestionó la medida y presentó un recurso de reconsideración para solicitar que se deje sin efecto la resolución. El planteo sindical sostiene, entre otros argumentos, que la quita se aplicó sin un sumario administrativo previo y cuestiona el alcance de la decisión sobre el ejercicio del derecho de huelga.

Basanta sostuvo que su posición quedó expresada en la resolución y que, según su interpretación, no correspondía realizar los descuentos en este caso.

“Yo jamás voy a sacar un voto en contra de los trabajadores de esta provincia ni en contra de ningún trabajador”, afirmó el vocal, al recordar una definición que había expresado al asumir.

El magistrado vinculó además el conflicto con los acuerdos alcanzados en paritarias. Según explicó, hubo gestiones ante el Ministerio de Economía para conseguir el reconocimiento de un 4% que permanecía pendiente y sostuvo que ese porcentaje debía mantenerse de acuerdo con los compromisos asumidos previamente.

También rechazó que la discusión pueda reducirse al cumplimiento o incumplimiento de una disposición del Ministerio de Economía que había limitado los incrementos salariales. Basanta sostuvo que debe contemplarse la división de poderes y explicó que el Poder Judicial elabora su presupuesto, la Legislatura lo aprueba y posteriormente las condiciones laborales se negocian en paritarias con los trabajadores judiciales.

La otra discusión que atraviesa al Tribunal está vinculada con el Decreto 608/24, firmado en junio de 2024 y reglamentario del régimen previsional provincial. La norma establece un procedimiento para los agentes que obtienen una jubilación ordinaria y fija plazos para que el organismo empleador comunique el cese.

El conflicto adquirió una dimensión institucional cuando la Caja de Previsión Social (CPS) aprobó el paquete de 27 beneficios jubilatorios en agosto, entre ellos los correspondientes a Fernández, Mercau y Ludueña.

Basanta cuestionó que el mecanismo pueda utilizarse para producir el cese de un integrante del Poder Judicial.

“Es una locura lo que está pasando en esta provincia, que por un decreto y por una resolución de un organismo que es la Caja de Previsión, se jubile a un miembro del Poder Judicial”, sostuvo.

El vocal planteó que la discusión no se limita a la situación personal de las tres magistradas, sino que involucra las garantías constitucionales vinculadas con la estabilidad de los integrantes del Poder Judicial.

“Nuestra Constitución es muy clara en cuanto a los motivos para remover un vocal”, afirmó.

También rechazó que exista una facultad discrecional para determinar qué integrantes deben jubilarse y cuáles pueden continuar en sus cargos.

“No es una discrecionalidad del Poder Ejecutivo a quién jubila y a quién no”, sostuvo.

Las tres vocales se excusaron de intervenir en el tratamiento de la cuestión dentro del TSJ debido a su vinculación directa con las medidas previsionales.

La situación tuvo una nueva definición judicial después de la entrevista con Basanta. El juez Luis Manuel Cappa hizo lugar a medidas cautelares interinas promovidas por las tres vocales y suspendió los efectos de los actos administrativos que podían producir sus respectivos ceses.

Las resoluciones ordenaron mantener a Fernández, Mercau y Ludueña en el ejercicio de sus funciones y conservar sus haberes como personal activo mientras permanezca vigente la tutela judicial. También se dispuso que no se declaren vacantes sus cargos ni se avance con mecanismos destinados a designar reemplazantes.

Las medidas tienen carácter interino y una vigencia inicial de 60 días. No resuelven todavía la cuestión de fondo ni determinan de manera definitiva la validez del Decreto 608/24 o de los actos de la Caja de Previsión Social.

El juez consideró, en esta instancia cautelar, que existe apariencia de verosimilitud en los derechos invocados por las vocales y tomó en cuenta las garantías constitucionales relacionadas con la permanencia de los integrantes del TSJ. El planteo se vincula con el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz, que establece que los miembros del Tribunal duran en sus cargos mientras mantengan buena conducta y sólo pueden ser removidos mediante juicio político.

El nuevo escenario se produjo luego de una secuencia judicial que permitió a la CPS avanzar con las jubilaciones. Una cautelar que originalmente había frenado la aplicación del Decreto 608 fue limitada por el propio TSJ a 15 días hábiles a partir de un planteo de la Fiscalía de Estado. Posteriormente, la Caja avanzó con los 27 beneficios jubilatorios.

Desde la CPS, su presidente Pablo Pérez defendió el procedimiento y sostuvo que los trámites habían sido iniciados voluntariamente por sus titulares y que el organismo se había limitado a verificar el cumplimiento de los requisitos previsionales.

Durante la entrevista, Basanta también reconoció las demoras que existen en distintas áreas del Poder Judicial, aunque señaló que el problema debe analizarse junto con los recursos disponibles.

Indicó que el Poder Judicial cuenta con aproximadamente 1.500 trabajadores y funcionarios, sin alcanzar los 1.600, y mencionó dificultades edilicias, falta de computadoras e insuficiencia de recursos tecnológicos.

El vocal sostuvo que las inspecciones realizadas en las distintas circunscripciones forman parte de los mecanismos habituales de control y que los resultados de la inspección realizada en zona norte ya habían sido publicados, mientras que la información correspondiente a zona sur se encontraba en proceso de análisis.

Respecto de la ampliación del TSJ de cinco a nueve vocales, Basanta afirmó que comparte varias de las decisiones adoptadas por los nuevos integrantes, aunque consideró que la solución a las demoras judiciales debe comenzar por los juzgados de primera instancia.

“Si vos querés acelerar las causas, vos tenés que arrancar por la base de la pirámide”, sostuvo.

También señaló que se intenta acelerar la resolución de los recursos de casación y volvió a mencionar el expediente vinculado con el Decreto 608 como uno de los asuntos pendientes.

Basanta planteó además que el régimen previsional debe aplicarse con criterios uniformes y mencionó situaciones diferentes entre integrantes del Poder Judicial.

Según explicó, existe un vocal que presentó su documentación jubilatoria en 2008 y no fue incluido en el decreto, mientras que otros funcionarios optaron por suspender su jubilación o su percepción como trabajadores activos.

“Yo lo que digo es que tiene que ser algo parejo para todos y con reglas claras”, afirmó.

Para el vocal, el debate sobre el Decreto 608 también expone la necesidad de que las normas que dicten el Ejecutivo y la Legislatura sean sometidas previamente a un análisis técnico suficiente respecto de su constitucionalidad y legalidad.

Ante una consulta sobre la seguridad jurídica de Santa Cruz, Basanta evitó trasladar la discusión al terreno político y sostuvo que los integrantes del TSJ deben resolver las cuestiones sometidas a su consideración conforme al derecho, aun cuando existan diferencias jurídicas o ideológicas entre ellos.

La controversia permanece abierta en ambos frentes. Por un lado, el gremio judicial cuestiona los descuentos aplicados por los diez días de paro y pidió al TSJ que reconsidere la medida. Por otro, las cautelares mantienen provisoriamente en sus cargos a Fernández, Mercau y Ludueña mientras continúa la discusión judicial sobre los efectos del Decreto 608/24 y los beneficios jubilatorios otorgados por la CPS.